“Esta es una tortuosa continuación del desmantelamiento de la ley de prensa de 1881. » El abogado William Bourdon no ha dado tregua desde que descubrió la semana pasada la adopción por parte de los senadores y su llegada a la Cámara el miércoles 7 de febrero de una enmienda que infringe la ley sobre la libertad de prensa. “Esta ley es un tótem de la República desde hace ciento cincuenta años, y diez cargos electos la modifican a escondidas sin avisar a nadie”se muestra indignado e igualmente estupefacto por su colega Christophe Bigot, presidente de la asociación de abogados que practican el derecho de prensa y abogado de Mundo.
Aprobado tras la aprobación de la ley destinada a reforzar la seguridad y la protección de los alcaldes y los cargos electos locales, el texto debe permitir a todos “titular de un mandato público electivo o candidato a tal mandato” beneficiarse de un plazo de prescripción de un año para presentar una denuncia en caso de difamación o daño público. Actualmente tres meses, este plazo “permite a la prensa evitar ser sometida a peligros legales de manera prolongadacontinúa mmi Fanático. Pero muchos alcaldes o presidentes de consejos regionales ya están ejerciendo una enorme presión sobre la prensa regional diaria”.
Ampliar el período durante el cual sigue siendo posible actuar equivale a colocar una espada de Damocles sobre el personal editorial y los editores de la prensa. “El SNJ, el SNJ-CGT, el CFDT-Journalistes y el SGJ-FO, organizaciones sindicales que representan a los periodistas en Francia, condenan con la mayor firmeza esta modificación de una de las leyes más protectoras de la libertad de expresión, de la libertad de expresión. informar y ser informado”culpa a la intersindical en un texto publicado en línea Miércoles a primera hora de la tarde.
“Lo único que preocupa son críticas a la acción de los funcionarios electos”
En el tema de la enmienda – presentada por la senadora Catherine Di Folco (Les Républicains, Rhône) y el grupo socialista – durante el examen del texto en octubre, los senadores estipularon que “los autores de propuestas difamatorias e insultantes contra funcionarios electos en las redes sociales” beneficiarse hoy de un “impunidad total” debido a la relativa brevedad de este plazo, mientras que los funcionarios electos “no tienen el tiempo ni los medios para realizar un seguimiento digital, que les permita conocer a tiempo los hechos delictivos”.
“No debe haber ningún error, la critica la Asociación de Abogados que Ejercen el Derecho de Prensa en un comunicado de prensa. Con el pretexto de luchar contra el odio que se derrama en las redes sociales, objetivo legítimo en nuestras sociedades democráticas, lo que se trata es toda crítica a la acción de los cargos electos. »
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