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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha respondido a un proyecto de ley que busca crear un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por la Comisión de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes buscando evitar que estas poblaciones vulnerables entren en contacto con personas con antecedentes de delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran a jóvenes.
La propuesta parte de la premisa de que, dada la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto servirá para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, se requiere la inmediata participación del poder judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el sistema de emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas en este registro. De igual forma, se prevé la participación de instituciones educativas y de salud con el fin de fortalecer la protección de la población en su conjunto.
Rosa María Jiménez, jefa de la sección especializada en violencia de género y trata de personas del OIJ, destacó la importancia de abordar este problema debido al alarmante índice de reincidencia en casos de violencia sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez destaca que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente terminan en asesinatos de mujeres.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que monitorean periódicamente a las personas condenadas por dichos delitos. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.
Oscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de supervisión de este registro público. Se plantea la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que puede variar de 5 a 15 años, pero se destaca que incluso después de este período no debe excluirse por completo la evaluación de riesgos individuales.
En resumen, la propuesta de crear un registro público de delincuentes sexuales condenados en Costa Rica tiene como objetivo proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Esta medida, si se aplica adecuadamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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