La formalización como motor para atraer capital productivo en El Salvador

El vínculo entre formalización, seguridad jurídica e inversión es directo y multiplicador: cuando las reglas son claras, cumplibles y aplicadas con constancia, disminuye el riesgo percibido por inversionistas nacionales y extranjeros, se reduce el costo del financiamiento y aumenta la eficiencia económica. En El Salvador, una economía pequeña y abierta, esos factores son determinantes para atraer capital productivo, generar empleo formal y mejorar la recaudación tributaria sin asfixiar a las empresas.

Contexto económico y social relevante

El Salvador es una economía cuyo tamaño del producto interno bruto nominal oscila en torno a decenas de miles de millones de dólares; las remesas representan una parte relevante del ingreso nacional, equivalente a más del veinte por ciento del PIB en años recientes. El país recibe flujos de inversión extranjera directa que, aunque modestos en comparación con economías regionales más grandes, han tendido a concentrarse en manufactura para exportación, zonas francas, servicios y telecomunicaciones. Paralelamente, existe una alta proporción de actividad económica en la informalidad y episodios de volatilidad en la percepción de seguridad, ambos factores que influyen sobre la decisión de invertir.

Qué entendemos por formalización y por seguridad jurídica

– Formalización: proceso mediante el cual personas y unidades productivas pasan de operar en la economía informal a inscribirse en el registro mercantil, emitir comprobantes fiscales, cumplir obligaciones laborales y tributarias, y acceder a protección social y servicios financieros. – Seguridad jurídica: existencia de normas estables y predecibles, tribunales y mecanismos de resolución de conflictos eficientes, protección de derechos de propiedad, y aplicación imparcial de la ley que garantice el cumplimiento de contratos y acuerdos.

Ambos conceptos se retroalimentan: formalización fortalece registros y trazabilidad, lo que facilita la aplicación de la ley; seguridad jurídica crea incentivos para que agentes económicos se formalicen.

Beneficios que la formalización brinda a la inversión

• Mayor acceso a financiamiento: empresas formalizadas pueden presentar estados contables, historial crediticio y garantías, reduciendo la prima de riesgo de los prestamistas y ampliando la oferta de crédito.
• Aumento de productividad: formalizarse permite acceder a capacitación, tecnologías y cadenas de valor formales; la evidencia regional muestra que empresas formales invierten más en capital y exportan en mayor medida.
• Mejor recaudación y servicios públicos: una base tributaria más amplia y transparente puede financiar infraestructura y seguridad, que a su vez atraen inversión.
• Cumplimiento laboral y reducción de riesgos legales: contratos claros y seguridad social reducen contingencias laborales y hacen los proyectos más previsibles para inversores.
• Integración en cadenas globales: compradores internacionales exigen cumplimiento de normas laborales, ambientales y de calidad; la formalización es requisito para participar.

Razones por las que la estabilidad legal resulta esencial para el capital

La inversión, especialmente la inversión extranjera, responde a la percepción de riesgo institucional. Aspectos concretos que impactan decisiones de inversión:

• Estabilidad normativa: cambios frecuentes o arbitrarios en reglas fiscales, tarifas y regulaciones incrementan incertidumbre y eleva el costo de oportunidad.
• Protección de contratos: sistemas judiciales lentos o impredecibles obligan a los inversionistas a internalizar mayores costos de cumplimiento y de provisión de seguros privados.
• Derechos de propiedad: seguridad sobre títulos y registros catastrales facilita inversiones en bienes raíces, infraestructura y agricultura comercial.
• Tratados y mecanismos internacionales: acuerdos de protección a la inversión y mecanismos de solución de controversias reducen el riesgo político y atraen proyectos de largo plazo.

Muestras y situaciones de interés para El Salvador

– Zonas francas y maquila: el desarrollo de zonas industriales orientadas a la exportación muestra cómo un marco regulatorio claro, combinado con incentivos fiscales y logística, ha permitido atraer empresas manufactureras que emplean mano de obra formal y generan divisas. – Digitalización de trámites: la implementación gradual de facturación electrónica y servicios registrales en línea ha reducido tiempos de constitución de empresas y mejorado la trazabilidad fiscal, facilitando que micro y pequeñas empresas accedan a mercados formales. – Integración comercial: la adhesión a acuerdos comerciales regionales crea expectativas de mercado y estándares que incentivan a empresas a cumplir requisitos laborales y ambientales para mantener acceso a mercados externos. – Políticas de seguridad y percepción: programas gubernamentales dirigidos a reducir violencia y mejorar orden público han tenido impactos en la percepción de riesgo, lo que se traduce en mayor interés de invertir en sectores como comercio, manufactura y servicios cuando la mejora es sostenida en el tiempo. – Innovación financiera y criptomonedas: iniciativas relacionadas con criptomonedas y servicios financieros digitales han generado interés internacional por nuevas oportunidades, pero también han despertado inquietudes por su efecto en estabilidad macroeconómica y supervisión, lo que ilustra la necesidad de marcos regulatorios claros antes de promover inversiones masivas en sectores nuevos.

Costos asociados a la informalidad y a la falta de seguridad jurídica

• Pérdida de inversión productiva: la incertidumbre desplaza capital hacia actividades cortoplacistas o hacia el exterior.
• Prima de riesgo y costos financieros más altos: al elevarse la percepción de riesgo institucional, inversores exigen mayores retornos o precios por asumir riesgos.
• Competencia desleal: empresas informales que evaden impuestos y costos laborales reducen la competitividad de firmas formales, distorsionando mercados.
• Mayor vulnerabilidad fiscal: estrechez de la base tributaria complica la sostenibilidad de gasto público prioritario para la inversión, como infraestructura y seguridad.

Recomendaciones concretas para atraer inversión mediante formalización y seguridad jurídica

• Simplificar y digitalizar trámites: ventanillas únicas, registro mercantil en línea y facturación electrónica reducen costos de entrada y aumentan la transparencia.
• Régimen fiscal predecible y progresivo: incentivos temporales y condicionales para formalización que no distorsionen el mercado a largo plazo.
• Fortalecer el acceso a crédito: apoyos financieros para micro y pequeñas empresas formalizadas, garantías parciales y programas de inclusión financiera.
• Mejorar capacidades judiciales y arbitraje: especialización de juzgados comerciales y mecanismos de resolución alterna contribuyen a la rápida solución de disputas.
• Protección efectiva de derechos de propiedad: actualización catastral, registros confiables y procesos de titulación acelerados.
• Política de seguridad coherente con derechos humanos: seguridad pública que reduzca la criminalidad de forma sostenible y respete garantías; la estabilidad social es esencial para atraer inversiones a largo plazo.
• Diálogo público-privado: mesas sectoriales que permitan diseñar regulaciones claras, previsibles y adaptadas a sectores clave como manufactura, agricultura, turismo y tecnología financiera.

Evaluar los resultados y administrar las expectativas

Para que las reformas den fruto es necesario medir avances con indicadores claros: aumento del empleo formal, crecimiento de la base tributaria, tiempo y costo para constituir una empresa, monto de inversión extranjera directa neta y reducción en la duración de procesos judiciales comerciales. Las medidas deben combinar incentivos de corto plazo con compromisos institucionales de largo plazo para que la confianza no sea efímera.

La formalización y la seguridad jurídica son palancas complementarias: la primera expande la base económica visible y mejora el acceso al crédito y mercados; la segunda reduce la prima por riesgos institucionales y hace factible la planificación de inversiones a largo plazo. Para El Salvador, avanzar en ambas direcciones no solo significa atraer más capital, sino también transformar la estructura productiva, reducir vulnerabilidades fiscales y aumentar la capacidad del país para generar empleos decentes y sostenibles en el tiempo.