La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa difícil marcada por investigaciones legislativas y judiciales que han puesto en la mira a varios de sus altos funcionarios. Uno de los principales actores de esta situación es Gilbert Alfaro, director jurídico de la institución, quien recientemente declaró ante una comisión especial de la Legislatura que investiga presuntas irregularidades en la administración de la CCSS.
Durante su comparecencia, Alfaro destacó que la destituida presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, le había asegurado que no era necesaria su presencia en las reuniones del Consejo Directivo. Esta decisión, según el funcionario, marcó un antes y un después en la dinámica de este órgano colegiado y coincidió con una serie de medidas que fueron muy criticadas, como la suspensión del portafolio de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la exclusión de las sesiones no sólo afectó la toma de decisiones en materia de inversiones, sino que también provocó problemas en el funcionamiento regular de la Junta Directiva. Según su testimonio, la falta de un criterio legal permanente es la razón por la que se utiliza la figura del «empleado de facto» para asegurar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que hasta el momento no ha sido utilizado por el Directorio, consiste en llamar a un empleado de la institución para que asuma temporalmente las funciones de director.
El Director Jurídico explicó que si bien su criterio original era no aplicar esta figura, la Fiscalía General consideró que de esta manera se podrían convocar órganos colegiados en casos excepcionales. Citó además el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que define a un «funcionario de hecho» como una persona que ejerce un cargo público sin asumir válidamente el cargo, pero cuyas actuaciones están autorizadas en situaciones de emergencia para asegurar la continuidad del cargo.
Uno de los momentos más tensos de la comparecencia se produjo cuando la vicepresidenta del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de congelar la cartera de inversiones de la CCSS. Según el director jurídico, esta medida se tomó tras su exclusión de las reuniones del Consejo de Administración, lo que para algunos legisladores generó dudas sobre la transparencia y el proceso de deliberación detrás de esta decisión.
Por otra parte, Alfaro también habló sobre la auditoría realizada a los Equipos Básicos del Complejo de Salud (EBAIS), administrados por cuatro cooperativas y un colegio de médicos. Esta revisión surgió como parte de la investigación conocida como Caso Barrenador que lidera la Fiscalía General de la Nación. El funcionario admitió que antes de confiar la gestión del EBAIS a las cooperativas no se emitió ningún criterio legal básico, lo que pone en duda la legalidad y justificación de estas decisiones.
Durante la sesión, otros legisladores plantearon dudas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si el contrato fue subadjudicado a otra empresa, además de establecer procedimientos para determinar las responsabilidades de la empresa originalmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación, que regula la subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, tener lineamientos claros en esta materia es fundamental para asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia en las contrataciones con terceros.
Ante estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS ha estructurado una gobernanza para abordar estos temas, lo que dificulta apelar a criterios sólidos para la toma de decisiones. En este contexto, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión y planificación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
El surgimiento también reveló tensiones internas dentro de la CCSS y diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución no tienen base técnica y jurídica, otros sugieren que la falta de claridad en los procedimientos puede estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro enfatizó que en la reciente reunión del Consejo de la CCSS celebrada un sábado de julio se abordaron temas estructurales, entre ellos la administración del EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estos debates son cruciales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para resolver las dudas que han surgido sobre su gobernanza.
La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han creado un ambiente de incertidumbre tanto en la institución como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, tanto legislativas como judiciales, serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y asegurar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.
